Durante los últimos meses los
colombianos hemos estado pendientes del inicio y avance del proceso de
negociación entre el Gobierno de Juan
Manuel Santos y la guerrilla de las FARC.
Algunos le apostamos a que llegue a buen puerto y otros preferirían que al
final todo sea un fracaso y reine la desilusión. Pero, aunque, el primer
escenario se hiciera realidad no podemos llamarnos a engaños, La Paz está muy lejos de llegar al
país. Vale la pena recordar que según lo convenido por las dos partes, los diálogos de La Habana conducirán a un “Acuerdo general para la terminación del
conflicto armado” y luego vendrá la “Construcción
de una Paz estable y duradera” [1].
Lamentablemente, las FARC no son el
único actor de la violencia que azota a Colombia. En el World Report 2013 que Human
Rights Watch (HRW) dio a conocer la última semana de enero se hace un
diagnóstico de la situación actual del país [2].
En el informe, se reconoce los
esfuerzos por parte del ejecutivo y el aparato judicial, pero a renglón seguido
se afirma que “la impunidad continúa
siendo la regla” y se advierte que los logros alcanzados en años recientes
pueden revertirse, inclusive como consecuencia de movidas del gobierno Santos
que con amplia mayoría impulsó y aprobó en el Congreso dos reformas que según HRW son regresivas y favorecen la
impunidad: justicia transicional y justicia
penal militar.
Respecto a las denominadas
autodefensas, que supuestamente desaparecieron durante el primer período de Álvaro Uribe como presidente, el
reporte sostiene: “existen pruebas
contundentes de que […] numerosos
miembros de organizaciones paramilitares desmovilizadas continuaron activos y
se reorganizaron en nuevos grupos” y unos renglones más abajo complementa
señalando que “miembros de la fuerza
pública han colaborado con grupos sucesores de paramilitares o tolerado su
accionar”, mencionando explícitamente al General (R) Mauricio Santoyo (ex jefe de seguridad de Uribe) quien “se declaró culpable [en E.E.U.U.] de haber colaborado con paramilitares entre
2001 y 2008”. En el aparte dedicado a esta organización criminal termina
diciendo que la Ley de Justicia y Paz
ha sido implementada con lentitud y las condenas han sido mínimas.
Por
otra parte se recuerda que 1727 casos de falsos
positivos han sido investigados, de los cuales menos del 10% han culminado
en condenas efectivas casi siempre gracias a la justicia ordinaria. Se deja
sobre la mesa el temor de que con la injerencia de la justicia penal militar
estos casos entre en el olvido.
Aunque todo lo descrito
anteriormente es atroz, también se presentan cifras alarmantes sobre la
violencia de género que está extendida por toda Colombia, siendo las
principales víctimas mujeres y niñas desplazadas.
Con respecto a la financiación del aparato
policial y militar en Colombia, HRW
indica que “Estados Unidos sigue siendo
el actor extranjero con mayor influencia en Colombia. En 2012, aportó cerca de
US$ 482 millones para asistencia, de los cuales aproximadamente el 58 por
ciento se destinó a las fuerzas armadas y la policía”.
Considero que después de leer los anteriores
párrafos se comprende el porqué de mi escepticismo al inicio de este texto.
Todo esfuerzo que se haga para alcanzar la paz es bienvenido, pero no podemos
supeditar todos nuestros malos al accionar de las FARC y creer que una
negociación exitosa con ese grupo es sinónimo de paz estable y duradera. Ante
todo, hablemos claro.
Tags:
álvaro uribe
colombia
falsos positivos
farc
gobierno
juan manuel santos
opinión
paramilitarismo
paz
política
seguridad
violencia